En la sede viñamarina de Santo Tomás se inauguró el capítulo regional Valparaíso de Vertebral (Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados), cuyo presidente es el rector de Duoc UC, Carlos Díaz, quien planteó sus inquietudes sobre los temas que los afectan.

Una de sus preocupaciones tiene que ver con el escenario que se abre para las instituciones de educación superior con la nueva Constitución, respecto de lo cual expresó que «dentro de lo positivo destacaría la incorporación de la educación como derecho social; el rol garante del Estado en su provisión y mejoramiento; también la libertad de enseñanza que está plasmada. Pero para el mundo técnico-profesional creo que queda en deuda porque, primero, no se lo visibiliza, pese a que visitamos la Convención, llevamos a cabo una iniciativa popular de norma, y vemos que muy poco o prácticamente nada de eso fue recogido».


«Vemos un claro sesgo»

En tal sentido, añadió que «nuestro pasado y presente es muy relevante, el 96% de la oferta de vacantes técnico-profesionales proviene del mundo privado, hacemos una tremenda contribución al bien común desde esta provisión mixta, pero la Constitución muestra que lo único relevante en realidad es la educación estatal, y en ese sentido vemos un claro sesgo. También nos parece que tiene un sesgo muy academicista, pensando en universidades, al mundo técnico profesional lo deja como fuera, siendo un sector muy importante, y de hecho, en el último proceso de admisión el 58% de los estudiantes entraron al mundo técnico profesional».

A su juicio, la propuesta de Constitución «genera incertidumbres relevantes –y ésta es mi opinión personal, no la de Vertebral, donde no tenemos una posición oficial–, y no sabemos cómo eso va a plasmarse en leyes después. Por ejemplo, uno visualiza una posible reducción al aporte económico del Estado a los estudiantes de instituciones privadas, porque hay un fuerte foco en lo estatal, hay una gratuidad total para instituciones públicas y para aquellas privadas que determine la ley, hay una clara primacía de lo estatal y uno se pregunta de dónde van a sacar todos estos fondos, posiblemente de una redistribución».

Por otra parte, advirtió que «también hay una serie de elementos que se mencionan y que desconocemos cuál será la bajada concreta, por ejemplo, qué entendemos por educación contextualizada, o educación no sexista, o pertinencia lingüística, o por ejemplo que la permanencia y promoción se rijan por los principios de equidad e inclusión. ¿Cómo se va a aterrizar esto en leyes? La verdad es que tenemos muchas incertidumbres de cómo se van a manejar estos temas a partir de la nueva Constitución».

«Hay una clara primacía de lo estatal y uno se pregunta de dónde van a sacar todos estos fondos».

Carlos Díaz, Presidente de Vertebral

En caso que gane el Rechazo, el presidente de Vertebral estima que en una nueva propuesta de Constitución que se trabaje «el capítulo de educación debiera ser más breve, debieran ser las grandes directrices y no entrar en políticas públicas precisas que más bien son elementos que cada gobierno tendrá que ver en función de las mayorías que los eligieron y de los proyectos que ellos han pensado».

 

Dudas por gratuidad

En cuanto a la gratuidad, si bien rectores de universidades en años anteriores han criticado demoras en las transferencias por parte del Estado, Díaz aseguró que «al menos la experiencia de Duoc UC ha sido buena, el Estado ha cumplido, ha enviado los fondos, nosotros no hemos tenido problemas con la gratuidad, y esperamos no tenerlos en el futuro, pero por supuesto que hay incertidumbre respecto de los recursos fiscales, y en la medida en que el Estado empiece a dirigir más fondos hacia otras instituciones, en este caso a las estatales en particular, evidentemente surge la duda sobre qué puede pasar con esto hacia adelante, pero por ahora no hemos tenido problemas».

En ese sentido, el rector de Duoc UC y presidente de Vertebral puntualizó que «me preocupa que la nueva Constitución dice que se va a financiar la gratuidad completa en las instituciones de educación superior estatales y en algunas privadas que establezca la ley. Eso significa un incremento fuerte en el gasto público; entonces, es difícil pensar que el Estado va a poder seguir asignándoles más recursos».

 

*Publicado en El Mercurio de Valparaíso.